El regreso de los escuadrones de la muerte en Mesoamérica
Via: https://www.elmundo.cr/opinion/el-regreso-de-los-escuadrones-de-la-muerte-en-mesoamerica/
La memoria colectiva, aquella que es prohibido olvidar, nos trae el recuerdo de los llamados escuadrones de la muerte, bandas paramilitares de extrema derecha, que sembraron el terror en nuestros territorios en las décadas de los años 60 a 80 del siglo XX.
Veamos algunos hechos históricos y recientes.
El Salvador:
Las actividades de estos grupos se iniciaron a fines de la década de los años 1970s y su acción se generalizó durante la guerra civil de ese país centroamericano en la década de los 1980s y principios de los 1990s (1980–1992), cuando finalizó el conflicto militar con unos acuerdos de paz.
La aplicación del método de grupos clandestinos, supuestamente alejados del gobierno y de las fuerzas militares del estado, para no tomar responsabilidad alguna sobre sus acciones, se desarrolló a partir de la estrategia de Estados Unidos para derrotar al movimiento social que era la base de la lucha de la guerrilla en tal período.
Algunos grupos de los Escuadrones de la Muerte de El Salvador fueron: Frente Político Anticomunista, Asociación Patriótica Libertad o Esclavitud, Brigadas Proletarias Salvadoreñas, y la muy temida Unión Guerrera Blanca (Mano Blanca), entre otras.
Pero los asesinatos en ese país no son cosa lejana ni enterrada. Hace unas semanas (principios de febrero), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunció el asesinato de dos militantes, quienes fueron atacados a balazos en las inmediaciones del centro histórico de San Salvador. Según los denunciantes, el crimen obedeció al discurso de intolerancia y odio que promueve el presidente de la República, Nayib Bukele, cuya reacción inicial fue sugerir un autoataque. Fuentes del partido salvadoreño de izquierda precisaron que los fallecidos son Gloria Rogel y Juan de Dios Quesada, quienes regresaban de participar en una caravana electoral para apoyar la candidatura de Rogelio Canales a la alcaldía capitalina.
Siendo el 2021, un año electoral en este país, se prevén aumentos en la violencia política armada conforme se van acercando distintos procesos electorales.
Honduras:
El Batallón de Inteligencia 3-16 o Batallón 316 fue una unidad del Ejército de Honduras encargada de realizar asesinatos, tortura, y desapariciones contra presuntos opositores políticos del gobierno durante la década de 1980. La unidad tuvo varios nombres; su reorganización como «Batallón de inteligencia 3-16» se le atribuye al General Gustavo Álvarez Martínez, nombre que indicaba el servicio de la unidad a 3 unidades militares y a 16 batallones del ejército hondureño.
En abril del 2015, fue asesinada Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China. Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos. De acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos instaron a mediado de febrero al gobierno hondureño a investigar las muertes violentas de mujeres, luego del fallecimiento de una enfermera en una celda supuestamente a manos de policías. Este llamado obedeció al asesinato de una estudiante de enfermería, quien, según fuentes policiales primero fue protagonista de un escándalo por ingesta de alcohol en la vía pública; luego cambiaron la versión indicando que fue un suicidio; no obstante, la autopsia revela que fue homicidio.
En diciembre pasado el cuerpo de Set Jonathan Araujo Andino fue encontrado en la aldea El Cimarrón, Comayaguela. Fue degollado y según el informe de medicina forense, el cuerpo presentaba signos de una tortura que pudo haber durado unas 15 horas, que lo llevaron a la muerte. Según relatos de amigos y familiares, un día antes, a eso de las 8:00 de la noche, varios policías encapuchados llegaron a colonia Modesto Rodas Alvarado, de Comayaguela, donde él era activista y la persona que convocaba al resto, para sumarse a las protestas.
El Observatorio de la Dirección General de Medicina Forense registró 27 muertes vinculadas a la violencia postelectoral. Mientras, la Coalición contra la Impunidad cita 33. Pero, según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entre 26 de noviembre del 2017 y el 27 de enero de 2018, 37 personas fueron ejecutadas, 232 heridas, 1, 085 detenidas y 72 víctimas de tratos inhumanos. El COFADEH también registró 126 manifestaciones reprimidas, 179 acusaciones de delitos, 15 allanamientos y 12 ataques a medios de comunicación, así como el uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes.
Para este 2021 se prevé un recrudecimiento de la violencia política en ese país. Este periodo, especialmente complejo, es escenario de dos citas importantes en las urnas. Al igual que en El Salvador, bajo un contexto lleno de tensiones, incertidumbre e impunidad, el riesgo es tan alto que no se discute si este año habrá víctimas por razones políticas, sino ¿cuántas serán?
Nicaragua:
La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor condenó el asesinato del activista medioambiental Nacilio Macario en la región autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, e instó al Gobierno a investigar su asesinato y llevar a los responsables ante la justicia.
Macario, que pertenecía al pueblo indígena Mayangna, trabajaba contra la extracción ilegal de oro y la tala ilegal de árboles en su comunidad. Se cree que fue asesinado por colonos el pasado 14 de noviembre de 2020 cuando transportaba agua y alimentos a miembros de las comunidades cercanas que protegían sus tierras.
Finalmente, Lawlor reiteró la recomendación de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y solicitó al Ejecutivo nicaragüense “que garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y que condene y sancione públicamente cualquier ataque acto de intimidación contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios, entre otros».
Después de casi tres años del estallido social, el Gobierno de Nicaragua no ha reconocido la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, incluidos asesinatos, detenciones ilegales y recapturas arbitrarias. La crisis en Nicaragua ha alcanzado otras dimensiones económicas y humanitarias, un escenario de pobreza, desempleo y desigualdad, agravado por el coronavirus y los huracanes que afectaron el Caribe Norte del país en noviembre de 2020.
“Desde abril de 2018 Nicaragua está sumida en una profunda crisis en materia de Derechos Humanos, provocada por una sistemática y generalizada violación a los derechos humanos, por una política represiva dirigida por el gobierno de Daniel Ortega”, advirtió Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en el encuentro “El papel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la continua crisis de Derechos Humanos en Nicaragua”.
En los primeros meses de 2021 han sido detenidos seis nicaragüenses por ser opositores, mientras la cifra actual de presos políticos corresponde a 111 desde 2018, según información del Mecanismo de Presas y Presos Políticos.
La represión en este país, alcanza defensores de la Reserva Indio Maíz (incendiada hace algunos años y cuyo fin era favorecer la construcción de un canal interoceánico una vez destruida). Asimismo, han sido perseguidos y asesinados grupos campesinos civiles organizados y financiados por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Guatemala:
En el caso de Guatemala estos escuadrones actuaron originalmente junto con el ejército del país en el asesinato de opositores, líderes sindicales y como método para causar el pánico en la población civil.
Con el fin de la guerra civil, algunos activistas han denunciado la aparición de estos escuadrones en ciertas zonas del país.
Según información pública, entre los meses de junio y agosto del presente año, se habría registrado el asesinato de por lo menos ocho personas defensoras de derechos humanos cuyas actividades estarían relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio de comunidades indígenas. Al respecto, el 6 de junio del pasado año 2020, el líder indígena q’eqchi y especialista en medicina tradicional maya, Domingo Choc Che, fue quemado vivo en San Luis, Petén, tras ser acusado de brujería. El 8 de junio, Alberto Cucul Cho, defensor del territorio en Alta Verapaz, fue asesinado mientras se dirigía al Parque Nacional Laguna Lachuá donde trabajaba como guardaparques. El 15 de junio, fue asesinado Medardo Alonzo Lucero, defensor de los derechos indígenas y del territorio y miembro de la comunidad ch’orti’ La Cumbre, en el municipio de Olopa, Chiquimula. El 23 de junio fue asesinado Fidel López, miembro del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en el municipio de Morales, Izabal. El 20 de julio fue asesinado Abel Raymundo, defensor de la tierra y territorio y Vocal II del Consejo Comunitario de Lelá Chancó de Jocotán, Chiquimula.
También, el 10 de agosto fue asesinado en el departamento de Alta Verapaz, Benoît Maria ciudadano francés dedicado a la defensa de los pueblos indígenas en Guatemala. El 11 de agosto fue asesinado Misael López Catalán, líder comunitario e integrante de CODECA en el departamento de Jalapa. El 16 de agosto fue asesinado el Dirigente indígena maya q´eqchi´ Carlos Mucú Pop en la comunidad de Santa Rosa, Sayaxché, Petén. Del mismo modo, según información de público conocimiento, el líder comunitario y pastor Carlos Enrique Coy se encontraría desaparecido desde el 3 de agosto de 2020. Según publicó en su sitio web la OEA.
México
Desde los años sesenta del siglo XX, existió el grupo paramilitar denominado Los Halcones el cual era dirigido por el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. Esta organización fue responsable de varios atentados contra la ciudadanía, tal como la Masacre de Corpus Christi, conocida como el Halconazo, del 10 de junio de 1971, en la que asesinaron cerca de 120 estudiantes en la ciudad de México.
Años antes, en 1968, se dio la matanza de Tlatelolco en la cual murieron al menos 44 civiles y arrestados más de 1300 manifestantes.
En 2014 se dio a conocer el caso de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes fueron asesinados sin que los organismos oficiales hayan dado con los responsables directos.
Durante el año 2020 y el primer mes del 2021, al menos 20 asesinatos políticos han ocurrido en ese país, entre los que destacan Homero Gómez en Michoacán, (defensor del santuario de la mariposa Monarca), Isaac Herrera en Morelos (activista y asesor en materia microambiental) y otros. En marzo del 2020, fueron masacrados unos 16 migrantes guatemaltecos en Tamaulipas.
Costa Rica:
Se ha difundido la muerte, producida a finales de febrero de 2020, del líder indígena brörán Jerhy Rivera, en Costa Rica. Rivera había sido reiteradamente amenazado y había sufrido ya una brutal agresión hace siete años cuando trataba de llamar por teléfono móvil a las autoridades para denunciar una tala ilegal en territorios indígenas. Rivera no ha sobrevivido en esta ocasión a los impactos de bala cuando lideraba una acción de recuperación de tierra ilegalmente ocupada.
Su muerte se produce apenas a pocas semanas de cumplirse un año del asesinato de otro relevante líder, Sergio Rojas, de la etnia bribri, que fue abatido saliendo de su propia casa y falleció con un total de quince impactos de bala en su cuerpo. Al igual que Jerhy Rivera, Rojas había denunciando ante la Fiscalía las ocupaciones y actividades ilegales en los territorios indígenas de Costa Rica.
Jairo Mora Sandoval fue asesinado al tratar de proteger los nidos de una tortugas en las costas del caribe. El 5 de junio de 2013, justo antes de la medianoche, Mora y cuatro voluntarias fueron secuestrados por un grupo de hombres enmascarados. Las mujeres lograron escapar e informar a la policía. Mora fue encontrado a la mañana siguiente en la playa con su cuerpo atado y golpeado. Una autopsia determinó que murió por asfixia tras sufrir un golpe en la cabeza.
A partir de lo anterior, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y pacifistas, tienen mucho que hacer en nuestra región. Es responsabilidad nuestra, alzar nuestras voces para defender la vida de quienes alzan su voz.